SILENCIOSA
LA PRIVATIZACIÓN
Prácticas de corrupción en el
Sistema Nacional de Salud cubano
Una investigación de Casa Palanca
Aunque el discurso oficial sostiene que la salud en Cuba es gratuita y universal, la evidencia sugiere que el Sistema Nacional de Salud (SNS) atraviesa un proceso de privatización encubierta. Basado históricamente en los principios de gratuidad y equidad, lo que alguna vez fue considerado el orgullo del régimen cubano, muestra hoy señales claras de deterioro estructural: corrupción, pagos informales y desigualdad creciente en el acceso a los servicios.
Pacientes y familiares se ven obligados a recurrir a contactos personales para acceder a atención médica oportuna y a pagar por servicios que deberían ser gratuitos. Desde procedimientos básicos hasta atención de emergencia, la corrupción ha permeado todos los niveles del sistema sanitario.
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¿PERO A QUÉ
PRECIO
A lo largo de esta investigación también se documenta cómo la crisis económica, la reducción del financiamiento estatal, la escasez de recursos y el éxodo de profesionales han debilitado la capacidad del sistema para ofrecer atención de calidad y han propiciado la corrupción. Todo esto contrasta con la imagen de «potencia médica» que el Gobierno ha promovido durante décadas y deja al descubierto una pregunta ineludible:
¿Sigue siendo la salud un derecho en Cuba, o se está convirtiendo en un bien de mercado?
Cuando en noviembre de 2024 a Alexis Domínguez, un habanero de 45 años, le hallaron dos cálculos renales, supo que a partir de ese momento le esperaba un camino incierto y lleno de irregularidades en el SNS. Su doctora del Hospital Clínico Quirúrgico «Miguel Enríquez», más conocido como «La Benéfica», de La Habana, le advirtió que debía operarse en los próximos siete meses. De los dos cálculos, el más grande –de nueve milímetros– le estaba comprimiendo la uretra.
El primer contratiempo apareció en ese punto. El hospital no contaba con los recursos para hacerle la cirugía por mínimo acceso; tampoco para la extensa recuperación que implicaba hacerla de otro modo: con un corte grande por todo el costado del abdomen. Le recomendaron entonces que probara en el Hospital Clínico Quirúrgico «Hermanos Ameijeiras». Y ahí «empezó la agonía», dice el hombre.
Asegura que un funcionario de ese hospital, cuya identidad y cargo Domínguez no quiso revelar, le pidió 150 USD solo para ponerlo en contacto con la cirujana que lo operaría. Conseguir un turno por la vía formal era casi imposible. «En ese hospital todo se mueve con dinero. Eso ahí es una mafia», afirma. «Se rumorea que hasta las camas para ingresar cuestan entre 150 y 200 USD».
Por esa fecha también, principios de diciembre de 2024, el tío abuelo de Wilfredo Castellanos murió de un infarto en su casa mientras la familia conseguía los 5.000 pesos cubanos (USD, valorados al cambio de X pesos en el mercado informal) que, afirma, un ambulancista les solicitó para atender la emergencia. La mayoría de los familiares del anciano depende del salario estatal o es jubilado. No contaban con esa cantidad.
Castellanos, quien es un vocalista de 28 años, quiso denunciar el incidente, pero su padre le pidió que no lo hiciera, por su abuela, la hermana del tío abuelo difunto, a quien ni siquiera le contaron los hechos como ocurrieron. Ambos hermanos habían sido combatientes en la Sierra Maestra; contarle sería empeorar su dolor y causarle indignación, pues «fueron gente que luchó por este país», explica este joven.
La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 72, establece que la salud pública es un derecho fundamental de todas las personas. Además, asigna al Estado la responsabilidad de asegurar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios destinados a la atención, protección y recuperación de la salud, lo cual se refuerza a través de la nueva Ley de Salud Pública.
Sin embargo, los hechos no acompañan este discurso.
EL TRASLADO DE EMERGENCIA EN UNA AMBULANCIA PUEDE COSTAR
5000 CUP
SOLO REALIZAR EL PRIMER CONTACTO CON UN MÉDICO PUEDE COSTAR
150 USD
Con el respaldo de la encuestadora independiente Cubadata, esta investigación arroja luz sobre una realidad que muchos cubanos y cubanas viven a diario pero que rara vez se documenta con cifras: la corrupción en el acceso a la salud ya no es una excepción, sino una práctica estructural dentro del sistema. Lo que antes podía parecer un desvío aislado, hoy opera como una regla no escrita que condiciona la atención médica en la Isla.
Si bien el SNS cubano no se ha privatizado oficialmente, en la práctica, muchos servicios funcionan bajo una lógica de mercado.
La insuficiencia de personal sanitario, la precariedad salarial en el sector y la escasez de insumos y materiales han propiciado un entorno donde la corrupción florece como mecanismo de supervivencia, dando lugar a la aparición y normalización de un esquema de pagos ilegales que se exigen u ofrecen a cambio de servicios médicos.
Las operaciones, cuya realización puede tardar meses, incluso años, dependen muchas veces de que los pacientes compren en el mercado informal materiales tan básicos como guantes, apósitos, sueros, jeringuillas y agujas.
La no disponibilidad de estos y otros insumos, y el faltante de más del 50% del cuadro básico de medicamentos en las farmacias estatales, ha impulsado su compra en el mercado informal a precios elevados. Muchos son detraídos del propio sistema público.
En el contexto de una profunda crisis económica que ha disminuido el poder adquisitivo y elevado los niveles de pobreza y hambre en la Isla, los cubanos y las cubanas ya no solo tienen que destinar sus pocos ingresos a su subsistencia. También muchos se ven en la necesidad de realizar estos pagos extraoficiales para acceder a la salud.
De acuerdo con organismos internacionales, la corrupción en el sector tiene graves consecuencias en las cinco dimensiones del desempeño del sistema de salud: el acceso, la calidad, la equidad, la eficiencia y la eficacia de los servicios de atención.
La no disponibilidad de insumos y el faltante de medicamentos en las farmacias estatales ha impulsado su compra en el mercado informala precios elevados. Muchos son detraídos del propio sistema público
Farmacia desabastecida producto de la crisis sanitaria
La realización de la mayoría de los procedimientos clínico-quirúrgicos dependen algunas veces de que paguen también materiales tan básicos como guantes, apósitos, sueros, jeringuillas y agujas.
Venta de medicamentos en el mercado informal
Del mismo modo, los tiempos de espera para la asignación de consultas o para operaciones, que pueden extenderse por meses o años en el caso de las segundas, ha llevado a que los pacientes recurran a pagos extraoficiales para agilizarlos.
Captura de pantalla de venta de material quirúrgico en el mercado informal a través de grupos en redes sociales
¿QUÉ DICEN LOS NÚMEROS?
¿QUÉ DICEN LOS NÚMEROS?
Según la encuesta de Cubadata realizada a 2.141 personas en todo el país a inicios de 2025, el 80.1% declaró haber necesitado atención médica en el último año. Sin embargo, solo el 9.2% pudo acceder siempre a los servicios necesarios. Un 23.1% lo logró la mayoría de las veces, mientras que más de la mitad –el 54.6%– fue atendida solo algunas veces. El 13% restante nunca lo consiguió.
Detrás de cada uno de estos números hay una historia de dolor, enfermedad desatendida, pagos informales y puertas que nunca se abrieron por la falta de una suma de dinero, un contacto privilegiado o un favor.
La barrera económica es evidente: el 74.3% de quienes necesitaron atención médica tuvo que pagar por servicios o medicamentos que, en teoría, son gratuitos. A esto se suma otro dato revelador: el 78% afirmó haber recurrido a contactos personales para conseguir una consulta, un tratamiento o incluso un simple diagnóstico.
El 56.9% afirma que pagar o recurrir a contactos personales para obtener servicios médicos es una práctica que realiza siempre o con frecuencia. Esta tendencia se mantiene en todas las regiones del país:
Lo más preocupante de este fenómeno es su normalización. La mayoría ha aceptado que, sin pago o conexiones en el sector, la atención será deficiente o inaccesible. Esta aceptación silenciosa revela no sólo la gravedad de la crisis, sino también la pérdida progresiva de la confianza en el SNS cubano.
Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la corrupción en este sector confirma que: «(…) estas transacciones se producen de forma común cuando el paciente quiere recibir mejor atención, lo que da a entender que muchos ni siquiera consideran que se trate de un soborno».
Estos pagos, continúa el estudio, ya sean vistos como una práctica aceptada para recibir atención o como una muestra de corrupción, son perjudiciales para la prestación de servicios médicos, puesto que su imposición en un servicio público limita el acceso a quienes poseen menos recursos económicos.
En este sentido, la encuesta de Cubadata revela también que el 52.2% ha dejado de buscar atención médica debido a estos pagos ilegales, mientras el 45% declara que acceder a la salud le ha afectado significativamente en términos económicos.
Además, la percepción sobre la generalización de estas prácticas es clara: el 82.4% considera que la corrupción en salud está «muy extendida» o «extendida», mientras que solo el 2.4% cree que no existe.
Las personas de la tercera edad son las más afectadas. Al 54.3% de los mayores de 60 años encuestados, estas prácticas le reportan perjuicios económicos significativos, en comparación con el 35.4% de los jóvenes de 18 a 29 años.
Los servicios que, según esta encuesta, con mayor frecuencia requieren pagos extraoficiales son:
Entre los principales actores que facilitan el acceso a la salud a cambio de pagos o favores se encuentran:
Este panorama se ve reforzado por la falta de incentivos para los profesionales, quienes, ante la precarización de sus salarios –que en promedio no superan los 9.000 pesos cubanos (USD)–, encuentran en estas prácticas informales una forma de mejorar sus ingresos.
MEJORAR LA SALUD
ENFERMANDO EL BOLSILLO
Cuando Domínguez tuvo reunidos los 150 USD, se enteró de que el funcionario del Hospital «Ameijeiras» que los solicitó había «explotado». Es decir, había sido descubierto en algún caso de corrupción y podría haber estado cumpliendo o estar a punto de cumplir sanción.
El Código Penal cubano, en su artículo 194, establece el delito de cohecho, en el que incurre cualquier funcionario público que recibe un beneficio o dádiva a cambio de realizar, o incluso abstenerse de realizar, un trabajo propio de sus funciones. Las sanciones de prisión oscilan entre dos y cinco años para quienes aceptan la dádiva, y de tres a ocho años para quienes la ofrecen. La gravedad del delito puede aumentar si el profesional además exige dicho pago, en cuyo caso la pena podría llegar de ocho a veinte años de privación de libertad.
Los intermediarios no están exentos y enfrentan penas iguales a las de los autores directos. Sin embargo, en todos los casos, el tribunal tiene la facultad de reducir las penas hasta la mitad de sus límites mínimos si las circunstancias del hecho o las características personales del condenado lo justifican.
No fue hasta finales de febrero de 2025, tres meses después de su diagnóstico, que Domínguez logró obtener un turno con la cirujana por la vía oficial. Sin embargo, pasó a una lista de espera que lo desalentó. Había personas en cola para la cirugía desde hacía más de un año. «A mí me dieron un plazo de siete meses para operarme porque corro el riesgo de perder el riñón. Yo no puedo esperar tanto», explica este trabajador del sector privado, quien hasta el momento de esta publicación aún no ha entrado al quirófano.
El cálculo más pequeño lo expulsó, pero «el otro sigue ahí, y es el que me preocupa», dice. «Temo que mi salud empeore y la operación no llegue a tiempo».
Mientras espera su intervención quirúrgica, recurre a remedios naturales e improvisa sus tratamientos como puede. Vinagre de manzana en ayunas, pastillas de Chancapiedras y analgésicos le ayudan a paliar el dolor. En las farmacias estatales escasean las medicinas, sin embargo, dice Schudian Suárez, su esposa, que las compran en la misma «Benéfica». «Supuestamente en el hospital no hay nada tampoco, pero por fuera he comprado hasta sueros», recalca.
«Por fuera», como también «por la izquierda» de ahora en adelante, son eufemismos que designan modos informales o ilícitos –casi siempre mediante pago o favoritismo– de conseguir bienes o servicios públicos.
La desesperación económica complica aún más la salud de Domínguez. Es el único sustento de su hogar. De él dependen su nieta y su esposa, quien es ama de casa.
«Antes trabajaba en una charcutería privada, pero estar tantas horas de pie me afectaba mucho», comenta Domínguez. «Entonces me puse a hacer mensajería en mi moto eléctrica, pero empecé a orinar sangre y tuve que dejarlo. Descansé un tiempo, pero al final volví a la charcutería porque si no trabajo, ¿qué comemos?».
Los testimonios de Domínguez y de Castellanos representan solo la punta del iceberg de un sistema donde recibir atención médica oportuna y de calidad ya no es un derecho garantizado, sino un servicio condicionado por la capacidad de pago.
Para esta investigación, pacientes, familiares y personal sanitario reportaron prácticas de corrupción en varios servicios del SNS. Los testimonios convergen en la necesidad de pagar «por fuera», sobornar o entregar obsequios para obtener atención médica, acelerar la realización de operaciones quirúrgicas o garantizar un buen servicio.
Para tratar dos muelas afectadas, Roberto, un habanero de 32 años, asegura haber tenido que desembolsar
5.000 pesos (USD), equivalentes al 85% del salario medio mensual.
Ante la imposibilidad de ser atendido en su policlínico por falta de materiales y de personal, recurrió a una dentista que operaba de manera privada en un centro estatal. La experiencia de su suegra, así como la de Adel Bonne Gamboa, R. Carvajal y Enrique confirman esta tendencia.
Las cirugías son los servicios más caros, entre ellas, las estéticas.
Oscilan entre 15.000 y 25.000 pesos (USD), incluso más.
El máximo del que ha tenido constancia un médico en la provincia de Holguín, sin contar los recursos necesarios para realizarla es de
30.000 (USD).
El ámbito de la ginecología y la obstetricia
Se encuentran también entre los servicios más caros, se observa un patrón alarmante. La desesperación ante las largas listas de espera y el temor a episodios de negligencia o violencia ginecobstétrica, obliga a mujeres fundamentalmente a desembolsar grandes sumas de dinero para acceder a procedimientos que, por ley, deberían ser gratuitos y humanizados.
Ninguno de estos montos incluye los costos de los medicamentos comprados a sobreprecio, ni los gastos de transporte, alimentación u otros relacionados con la hospitalización y los acompañantes de los pacientes. Estos «costos ocultos» elevan la carga económica sobre las familias cubanas, que sobreviven con muy bajos niveles de ingresos.
Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el salario mínimo en Cuba está fijado en 2.100 pesos (USD), mientras que el salario promedio mensual es de 5.839 pesos (USD). Las jubilaciones, por su parte, no superan los 2.000 pesos (USD) en promedio.
La desproporción entre los ingresos y los costos extraoficiales de la salud pública reportados, obliga a muchos pacientes y familiares a endeudarse, emplear ahorros, vender pertenencias o depender de remesas del exterior; cuando no, renunciar a la búsqueda de atención médica.
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Como si se tratara de un aviso encubierto o burlesco, una pancarta que recibe a los usuarios del SNS a la entrada de las instalaciones médicas se los ha recordado durante años. Esta especie de llamado continuo a permanecer en un agradecimiento eterno y a «valorar lo que se tiene» –porque, de lo contrario, con un cambio de régimen, tales «gratuidades» desaparecerían–, forma parte de la manipulación habitual del oficialismo cubano y de su estrategia para contener todo tipo de disidencia política.
Durante décadas en Cuba se ha asustado a su población con el lobo de la «salud privada» en los países del llamado «primer mundo», donde cientos de miles de personas no tendrían acceso o estarían padeciendo las consecuencias de sistemas de salud pública deficientes. Lo que empezó como propaganda, en la actualidad se ahoga en su propia ironía. Frente a los pagos informales que se hacen hoy en Cuba para acceder a la salud, esas pancartas que se vanaglorian de la gratuidad del sistema, deben de ser un insulto para más de uno.
«En el día a día como médico no se escucha hablar del tema, pero la población sí lo comenta», dice Miguel*, un neurocirujano de 31 años de la zona oriental del país, a quien le protegeremos su verdadero nombre por motivos de seguridad. «En mi opinión, los médicos que cobran por estos servicios lo hacen para tener una entrada económica, pues no es secreto para nadie que el salario no es suficiente». Asegura que él mismo ha tenido que recurrir al pluriempleo.
Adriana Fonte Preciado, una médica cubana de 28 años, residente en España desde 20XX, también considera que los salarios de los profesionales de la salud en la Isla son muy bajos en comparación con el «gran volumen de trabajo» y «la responsabilidad legal que tienen».
Algo similar denuncia un ortopédico de 29 años, de la provincia oriental de Holguín, para quien usaremos el seudónimo de Alex*. Este joven especialista señala, además, que «es muy habitual que no solo médicos, sino también el personal de enfermería, técnicos, incluso los camilleros y hasta los de servicios secundarios se presten para este tipo de corrupción».
«Normalmente los pacientes contactan con un conocido del médico y estos son los encargados de convenir el precio con el galeno», cuenta una estudiante de quinto año de la Facultad No.2 de Ciencias Médicas de la provincia Santiago de Cuba. Según la joven, dirigirse directamente al especialista supone un riesgo para este último.
Alex* complementa esta afirmación explicando que, en muchas ocasiones, los pacientes se acercan a algún miembro del personal del centro, ya sea el ascensorista, un técnico, algún camillero o personal de enfermería, para preguntar cómo pueden resolver su problema de salud. «Y estos les dicen a los pacientes: “sí, existe disposición, pero no hay tanto como para brindar el servicio a tu caso, entonces creo que podemos llegar a un arreglo”. Esas son las frases casi siempre. “Vamos a ver de qué forma priorizamos su caso, pero tiene que colaborar”», narra.
A menudo, la forma de «colaborar» no es monetaria. Fonte destaca cómo en Cuba ya es casi obligatorio llevarles un regalo a los proveedores de servicios médicos para obtener atención o mejorar las condiciones de la misma. Lo que antes representaba un gesto de agradecimiento, ahora «es lo que te abre las puertas para acceder a un servicio», afirma. «Se ha hecho una especie de acuerdo no verbalizado: el paciente sabe lo que tiene que hacer y el médico no tiene pudor al aceptarlo».
Además de estos regalos, la compensación puede manifestarse a través de favores o la obtención de beneficios mediante tráfico de influencias. También puede incluir alimentos, artículos de necesidad o la compra de material médico, cuyo excedente, después de haber sido utilizado en los procedimientos solicitados, los profesionales aprovechan en otros casos por los que cobran en efectivo.
El relato de estos doctores confirma que el acceso a la salud en Cuba se ha convertido en un privilegio para quienes tienen recursos y contactos.
«La escala de atención que tiene el sistema sanitario cubano, en la que normalmente el paciente va al médico del consultorio y el médico del consultorio, si lo considera, lo manda al policlínico; y en el policlínico, si lo consideran, lo mandan a un hospital o a un centro más especializado, no funciona», explica Fonte.
Las personas que tienen recursos y contactos llegan directamente al especialista que necesitan.
Una enfermera de neonatología, de Santiago de Cuba, admite que la atención médica de quien no pague o no tenga un contacto o intermediario en el sector, se retrasa bajo múltiples excusas: «no hay recursos», «el salón de operación está cerrado» o «los análisis no están bien realizados y habría que repetirlos».
«Los pacientes que no son recomendados por jefes o personas pudientes tienen que acostumbrarse a esperar y esperar», dice.
Cuenta el caso de un amigo de su padre, del municipio Palma Soriano, quien durante mucho tiempo requirió una operación para extirparse dos hernias inguinales que le impedían caminar y trabajar. En 2024, a cambio de operarlo, además de dinero, según la mujer, el cirujano le pidió dos cerdos: uno para la fiesta de quince años de su hija y otro para repartir entre el resto del equipo médico.
Otra triste realidad que evidencia la desigualdad en el acceso a los servicios del SNS son las violaciones en las listas de espera. Las personas que pagan para someterse a una cirugía pasan antes que aquellos que llevan tiempo esperando.
Alex* comenta que procedimientos como las operaciones de hernias, apendicectomías o cirugías electivas están siendo postergados o cancelados. Estas decisiones, justificadas con la escasez de insumos y, en algunos casos, con la actualización de protocolos médicos, sugiere se toman con la intención de esperar a ver si los pacientes mejoran por sí mismos o si terminan soltando el efectivo.
«Ellos lo hacen, como dicen, porque la vida está muy dura y no hay recursos; y realmente no los hay», comenta Rubén*, un anestesiólogo de la provincia Holguín.
La falta de materiales elementales como yeso, sueros, anestesias o reactivos ha llevado a que incluso las emergencias profundas, como fracturas de cadera o cuadros de insuficiencia renal, no puedan ser atendidas a tiempo. Los pacientes de su provincia, cuentan Alex* y Rubén*, se tienen que desplazar a otra, a veces lejana, para realizarse resonancias magnéticas o un simple análisis complementario
Rubén* afirma que lo poco que entra de insumos para procederes menores, como los legrados que son casos ambulatorios, es la anestesia, y generalmente no hay. Sin embargo, revela: «A veces entran veinte bulbos de tal anestesia y, como no todos los casos llevan la misma cantidad, la ahorramos y la guardamos para “los casos de nosotros” como decimos: familiares, amistades o los que vienen directamente».
Alex* confirma que existe una subclasificación de pacientes, incluso estigmatizaciones, a la hora de decidir en quién emplear el tiempo y los escasos recursos. En esto coincide con Fonte, quien plantea que muchas veces los hospitales reservan insumos para quienes tienen mayores posibilidades económicas o vienen recomendados.
«Estás en una guardia médica, que lo recuerdo perfectamente yo –cuenta Fonte–, y la persona viene, por ejemplo, con un cólico nefrítico, y no tienes los medicamentos que se administran en esos casos, que es de los dolores más terribles de la medicina, y se tiene que ir a su casa a tomar té de hierbas u otras cosas que le alivien. Pero si viene un paciente que está recomendado, y viene un directivo a atenderlo o un especialista de más alto rango que tú, los insumos aparecen. Eso es una realidad en los hospitales de Cuba».
Conoce más detalles de los testimonios y entrevistas
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CUANDO EL QUE ENFERMA ES EL SECTOR DE LA SALUD
El estudio del PNUD plantea que entre las principales causas de la corrupción en el sector salud a nivel global podrían destacarse unas normas y regulaciones demasiado laxas, inexistentes o por el contrario demasiado estrictas, la falta de responsabilidades, los bajos salarios y la oferta limitada de servicios ante una gran demanda.
En Cuba, la corrupción en el SNS no es simplemente resultado de comportamientos individuales, sino consecuencia de problemas estructurales profundos.
Lo que, en principio, los cubanos y las cubanas habían tenido garantizado en materia de salud, según algunos analistas se ha ido desmantelando desde finales de la década del 2000. El entonces presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro, comenzó a insistir en la necesidad de recortar gastos y eliminar «subsidios excesivos» y «gratuidades indebidas». La inversión estatal en el sector ha sido de las más afectadas, mientras se han priorizado otros de interés para el Gobierno.
La crisis que empezó a padecer el SNS a partir de ese momento, se agravó tras la llegada de la pandemia Covid-19. Y a día de hoy, el panorama no muestra signos claros de recuperación, por más que en la reunión de balance anual del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), en abril de 2025, su ministro, José Ángel Portal Miranda, afirmara, según la prensa oficial, que en 2024 hubo «un incremento progresivo en los niveles de atención dentro de la red de instituciones del sector» con respecto al año anterior. Aseveración que ha repetido para al menos dos periodos previos. Al mismo tiempo, en la reunión se señaló que «la demanda de consultas, tanto médicas como estomatológicas, no está satisfecha en el país».
Así como desde hacía tiempo las prácticas de corrupción en el sector eran un secreto a voces, casi nadie puede negar que el SNS cubano hoy no puede satisfacer la demanda de su población. Incluso, algunos pacientes con enfermedades graves o padecimientos complejos, para quienes el MINSAP ha admitido no contar con la solución médica adecuada, han accedido a atención y tratamientos en otros países a través de visas humanitarias, gracias al alcance mediático y las campañas de donación.
¿Cuba es una potencia médica?
Durante décadas, el régimen cubano vendió al mundo la idea de una potencia médica: salud gratuita, universal y ejemplar. Pero tras el Período Especial, la falta de inversión, el auge del turismo y la crisis pandémica destaparon una realidad muy distinta. Hoy, esa potencia médica existe solo en los discursos oficiales, no en los hospitales.
Los recortes y la insuficiencia presupuestaria en el sector se reflejan en la escasez de medicamentos e insumos, así como en la baja calidad y el deterioro que presentan las instalaciones médicas. En muchas abundan filtraciones, techos en mal estado, escasez de agua, plagas de roedores y cucarachas, mobiliario obsoleto y salas cerradas.
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Baño de un centro sanitario
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Área de enfermería para la atención a pacientes
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Cuerpo de guardia de un centro de Salud
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Área de limpieza de enfermería
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Personal sanitario en centro de salud
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Camillas para el traslado de pacientes
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Sillón de estomatología (Imagen tomada de redes)
«Lo que hoy tenemos se debe a años y años de sobreexplotación, porque realmente ya la población no es interés, es decir, la subvención de las necesidades ya no es un interés estatal», plantea Alex*. Como una de las causas del declive del SNS, a esta insuficiencia de presupuesto, Miguel* añade la mala dirección de las instituciones y la deficiente actualización, reparación y mantenimiento de equipos.
A Alex* le resulta difícil de creer que las cantidades de recursos médicos de producción nacional que se venden a sobreprecio en las calles y en grupos de compra venta fluyan de a poco de una institución, un hospital o un pequeño instituto, y no de los grandes almacenes del país.
Para este especialista el mercado informal encuentra su apoyo en las redes de la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (EMCOMED), entidad responsable de almacenar, distribuir y comercializar medicamentos, insumos, reactivos, materiales y productos médicos, tanto nacionales como importados, en todo Cuba. Existe, a su juicio, una cadena organizada, que domina la oferta y demanda de estos recursos, en silencio, con el respaldo de un sistema que evita enfrentarse a la realidad.
Intentamos establecer contacto con ENCOMED con la finalidad de realizar una entrevista. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta.
Mercaddo ilegal de medicamentos e insumos médicos
Durante décadas, el régimen cubano vendió al mundo la idea de una potencia médica: salud gratuita, universal y ejemplar. Pero tras el Período Especial, la falta de inversión, el auge del turismo y la crisis pandémica destaparon una realidad muy distinta. Hoy, esa potencia médica existe solo en los discursos oficiales, no en los hospitales.
A pesar de admitir que en 2024 no destinaron todos los esfuerzos y recursos necesarios para el mejoramiento de los indicadores sanitarios y de «la compleja situación de la cobertura de medicamentos e insumos médicos, el éxodo de profesionales y problemas organizativos en las instituciones de salud», Portal Miranda responsabilizó, como en múltiples ocasiones, al «contexto económico difícil, agravado por el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos a Cuba».
¿Es el embargo el único culpable de la crisis de salud en Cuba?
La crisis sanitaria en Cuba no se explica solo por el embargo de EE. UU., aunque éste impone barreras reales al acceso de medicamentos y equipos médicos. Sin embargo, la mala gestión interna, la baja ejecución del presupuesto destinado a salud y la falta de transparencia agravan profundamente la situación. Culpar únicamente al “bloqueo” oculta problemas estructurales que requieren soluciones propias y urgentes.
Por otra parte, ningún personal de salud entrevistado ha podido confirmar con absoluta seguridad que los directivos de hospitales y de centros médicos participen en prácticas de corrupción, pero todos coinciden en que es muy probable que conozcan estas situaciones e, incluso, las avalen en cierto modo. «Ellos no viven fuera de todo este entramado», afirma Miguel*. Por ello, para la doctora Fonte: «Es imposible no saberlo. Y lo permiten».
Rubén* y Alex*, en cambio, afirman que los directivos se involucran en estos cobros indebidos cuando se trata de operaciones que ameritan ser aprobadas por el Consejo de Dirección, porque son grandes intervenciones, principalmente las de cirugía plástica.
En cualquier caso, estas prácticas, ampliamente conocidas y toleradas en las instalaciones médicas del país, califican, según los expertos de Cubadata, como una forma de violencia institucionalizada, la cual no siempre se manifiesta de manera explícita; con frecuencia opera en silencio, a través de normas, rutinas, omisiones y decisiones institucionales que naturalizan estas desigualdades, legitiman su permanencia y causan daños evitables.
En este sentido, y según diversos estudios, el acceso desigual a los servicios de salud responde a un sistema fragmentado y excluyente, donde la violencia institucional se ejerce tanto por acción –a través del maltrato, cobro de servicios que deberían brindarse gratuitamente, la discriminación o la negligencia– como por omisión, cuando los Estados y sistemas sanitarios incumplen con su obligación de garantizar un acceso equitativo, oportuno y de calidad. Esta dinámica no solo mantiene las desigualdades preexistentes, sino que también refuerza exclusiones sistemáticas que afectan con mayor crudeza a los sectores más vulnerados.
Esto se complementa con lo que Nancy Scheper-Hughes y Philippe Bourgois han descrito como mecanismos de exclusión que se reproducen cuando las desigualdades en el acceso y la calidad de la atención médica se vuelven parte de lo cotidiano, invisibilizando las causas sociales, económicas y políticas que las generan. Lejos de ser episodios aislados, estas violencias, como sostiene también Paul Farmer, se inscriben en relaciones históricas de poder y exclusión, que definen quién accede a cuidados dignos y quién queda sistemáticamente relegado.
Alex* considera que esta actitud de tolerancia institucional o de «hacerse los de la vista gorda» se debe a la falta de personal sanitario que hay en la isla. Coinciden los profesionales entrevistados en que el mayor problema para la Salud Pública de Cuba, tanto a mediano como a largo plazo, no será el déficit de recursos médicos, que ya es grave; sino la falta de recursos humanos.
«Ya no hay personal para satisfacer la demanda, tanto de la población natural como para la comercialización de los servicios médicos en el extranjero», asegura. Tanto él como Fonte comentan que incluso recién graduados están pidiendo baja, sin importarles la invalidación de su título.
Entre 2021 y 2023, el SNS cubano registró la salida de 63.894 profesionales de todos los niveles, con el mayor número de bajas concentradas en los médicos, que sumaron 25.368. Les siguieron tecnólogos y otros licenciados del sector salud con 10.698 bajas, estomatólogos con 6.371, y el personal de enfermería con 6.285 bajas.
Desmoralizados por la falta de recursos y los bajos salarios, buscan oportunidades en el extranjero o entran en el sector privado en Cuba.
Pese a que en abril de 2025, el Gobierno anunció un incremento salarial para algunos trabajadores del sector, analistas consideran que este aumento sigue siendo insuficiente para cubrir los altos costos de vida, como lo han sido al menos los cinco anteriores.
Es paradójico que, pese al déficit de recursos humanos en salud, Cuba «sobrecumple con el plan de exportación de servicios sanitarios», teniendo «24.000 colaboradores salvaguardando vidas en 56 naciones del mundo» y que no cuente con los suficientes para atender las de su propia población. Y es que esta exportación de servicios sanitarios constituye, junto al turismo, la principal fuente de divisas del país.
La actividad, también denunciada por sus prácticas coercitivas, confiscación salarial y restricciones al personal cooperante, en 2022 reportó ingresos de aproximadamente 4.882 millones de USD, un aumento del 12% con respecto a 2021. En otros períodos ha llegado a superar los 8.000 millones USD anuales.
Sin embargo –y a pesar del embargo (valiosísima redundancia)–, estas cuantiosas cifras, obtenidas con la retención de entre el 75% y el 90% de los salarios que pagan los países receptores por los colaboradores cubanos, no parecen destinarse al mejoramiento del SNS, contrario a lo que dice el Gobierno. De hecho, En 2024, por ejemplo, apenas destinó el 2.1% del presupuesto estatal a salud y asistencia social, en contraste con el 37.4% inyectado al turismo.
Aunque han reconocido públicamente la existencia de prácticas de corrupción en el SNS, la respuesta del Gobierno cubano ha sido, en términos generales, limitada y poco efectiva, coinciden los expertos consultados.
Según el periódico estatal Granma, durante un encuentro con la Comisión de Salud y Deporte del Parlamento cubano en julio de 2024, el ministro de Salud Pública reconoció apenas que aún existen debilidades en el control y la planificación, sobre todo en las áreas de mayor riesgo.
En esa ocasión, la viceministra, Tania Margarita Cruz Hernández, habría llamado a ser más eficientes en el manejo de listas de espera, la discusión de cada paciente pendiente a tratamiento quirúrgico, así como a «fortalecer el comité farmacoterapéutico, el control de firmas autorizadas y la relación con la farmacia externa para reducir hechos asociados a actividad delictiva».
En marzo de 2025, Granma también precisó que, durante el balance anual del MINSAP, se mencionaron «tendencias negativas identificadas en el sector», entre ellas: delitos asociados a robos o desvíos de recursos, venta ilegal de servicios, medicamentos e insumos, «la falta de sensibilidad en algunos trabajadores y cuadros», entre otros.
En la reunión, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, habría expresado: «¿Hay tendencias negativas en el sector de la Salud? Sí las hay; y las tenemos que identificar, y las tenemos que combatir, las tenemos que enfrentar y las tenemos que superar. Y aquí se habló de una de ellas, que es una expresión de la corrupción en los sistemas de Salud, que es la venta de servicios, en una sociedad como la nuestra. Eso hay que combatirlo. Enérgicamente».
A pesar de que en su discurso las autoridades insisten en que erradicar la corrupción es una prioridad, en los hechos, las acciones concretas siguen siendo escasas y poco efectivas, limitándose principalmente a medidas punitivas contra casos puntuales, sin ninguna estrategia integral que ataque las raíces del fenómeno.
La narrativa oficial tiende a minimizar la magnitud del problema, enmarcando estas prácticas generalizadas como «negligencias» o «manifestaciones de indisciplina» por parte de «algunos» trabajadores, sin reconocer su naturaleza estructural. Un ejemplo fue la mención en 2019 del caso de un conductor de ambulancia en La Habana, sorprendido cobrando por un servicio, presentado como un incidente aislado.
Para Alex* está claro: esto que hoy ocurre es «propio de una sociedad que está reflejando el colapso en sus diferentes subsistemas». Y añade: «El sistema debería funcionar para que ese médico o ese personal no tenga que recurrir a esas vías; para que encuentre satisfacción y motivación en lo que hace».
El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, quien coincide en que «la “mercantilización” informal de la salud pública cubana es ya una realidad palpable» con escasa regulación institucional, ha planteado que de poco sirve que siga siendo formalmente gratuita «si no es posible acceder a los medicamentos o procedimientos médicos necesarios en condiciones normales; si unos y otros están mediados por prácticas mercantiles ilegales pero que son a las únicas que es posible acceder; si en los hospitales y centros de salud no existen las condiciones básicas para cumplir con sus labores esenciales; si se mantiene la sangría de profesionales de la salud; pero también ―y esto no es menos importante―, si se deterioran los niveles de alimentación de la población hasta afectar su resistencia frente a enfermedades de diversa índole».
A pesar de la «orden de combatirla enérgicamente» y de ser una prioridad en la agenda gubernamental en los últimos balances anuales, la corrupción generalizada en el SNS cubano persiste, como han demostrado los casos expuestos en este trabajo. Y todo parece indicar que persistirá en el tiempo –endémica ya–, como aquellas enfermedades que un día llegaron y lo hicieron para quedarse.
*Se enviaron correos electrónicos a varias instituciones y dependencias del MINSAP solicitando entrevistas para esta investigación, pero hasta su publicación no hemos recibido respuesta.
CRÉDITOS
La privatización silenciosa: Prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud cubano» es una investigación realizada por el equipo de Casa Palanca con aporte de datos de Cubadata.
