Parir, abortar, pagar

Helen* supone que la directiva de los hospitales esté al tanto porque al menos las cirugías son programadas, excepto las de urgencia. En cambio, confirma, las personas que pagan para operarse pasan primero en la lista que aquellos que llevan tiempo esperando. «Y sabiendo que esta programación lleva un riguroso control, cabe pensar que la directiva debe tener conocimiento. Además, he estado presente cuando pacientes se han quejado de la demora de sus intervenciones y la dirección se presta para darles excusas», dice. 

Helen* no es su nombre, pero le llamaremos así. Es una estudiante de quinto año de la Facultad No.2 de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y revelar su identidad le podría costar, como mínimo, la expulsión de su carrera.

Las cirugías son las más caras, «porque no solo hay que pagar por el proceder médico sino también por los utensilios que se utilizan en el salón», dice la joven. Asegura que una regulación menstrual oscila entre los 5.000 (USD) y los 10.000 pesos (USD).

Lo sabe por una experiencia cercana. Una amiga acudió a una consulta de regulación menstrual en su área de salud, pero le negaron el procedimiento. Supuestamente había pasado el tiempo en que se podía practicar. Sin embargo, le consta que a otras embarazadas con mayor edad gestacional se lo han realizado.

En Cuba, el artículo 43 de la Constitución y la Ley de Salud Pública (aprobada en 2023, aún no vigente) garantizan el derecho a la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas sin restricciones y hasta las 26 semanas por malformaciones fetales.

Como única alternativa, a la amiga de Helen* la remitieron a la consulta de legrado del Hospital «Juan Bruno Zayas», pero allí tampoco resolvió. Finalmente, un conocido la puso en contacto con un médico residente de ginecología que por 5.000 pesos le habría hecho la regulación.

En la provincia Holguín, el joven anestesiólogo Rubén*, refiere que allí los legrados cuestan entre 5.000 y 7.000 pesos. 

Pese a todo esto, el Código Penal establece que el aborto se convierte en un delito cuando se lleva a cabo sin consentimiento, en condiciones inseguras o con fines de lucro.

«Los ginecólogos le dicen a la paciente “trae lo que puedas”», cuenta Rubén*. «A veces no traen dinero, lo que traen es un “detalle”. Hay personas que traen una mano de plátano, dos libras de frijoles, un refresco y un paquete de galletas o una caja de cigarro. Yo no pido nada y algunos han llegado a mí diciendo “tengo la mujer embarazada de tantas semanas”. Parece que ya la población conoce cómo son las cosas y traen un regalito para mí y para el cirujano o para el ginecólogo. En ocasiones, el tipo es carpintero y le hace una puerta y par de ventanas al cirujano, o trabaja en la playa y le resuelve un fin de semana a la familia del médico, o cría puercos y le regala uno».

Helen* cree que pagar por el procedimiento o servicio médico casi siempre determina el éxito y la calidad del mismo. Su amiga le contó que, luego de la regulación, le administraron unas gotas sublinguales para ayudar en caso de que quedasen restos y así evitar someterla a una limpieza, algo que en las consultas regulares no se utiliza. «En cambio someten a las mujeres a limpiezas muy dolorosas sin anestesia», aclara. 

En este sentido, varios reportes e investigaciones de la prensa independiente, como Partos Rotos, ilustran que las negligencias, manifestaciones de violencia ginecológica y obstétrica tampoco son hechos aislados, sino una práctica extendida en la Isla.

Por estos motivos, Arysa Durán Hernández, una madre habanera, siempre quiso parir en el Hospital Docente Ginecobstétrico «Ramón González Coro» en lugar del de Diez de Octubre, conocido como «Hijas de Galicia», que era el que le correspondía según su municipio de residencia.

En 2023, para cuando fue a dar a luz a su primera hija, en este último hospital había trascendido la muerte de varios recién nacidos por un brote infeccioso asociado a violaciones de medidas higiénico-sanitarias y a la falta de recursos. Como es lógico, Arysa tenía miedo de parir en ese lugar. En cambio, el González Coro, es un centro de referencia en obstetricia y «tiene un mínimo de condiciones», asegura ella. 

Una amiga le pasó el contacto de una enfermera de allí. Con ella se podía «cuadrar» el ingreso sin importar que no perteneciera a ese hospital. Arysa no había valorado todavía la posibilidad de una cesárea, pues había hecho un embarazo sin complicaciones. Su intención era asegurar su ingreso y que le dieran una atención de calidad durante el parto.

«La enfermera me dijo: “son 10.000 pesos y se garantiza todo”», cuenta. Con «todo» la mujer se refería a los materiales necesarios. Dice Arysa que a las embarazadas les pedían en los hospitales que llevaran las gasas, las agujas, los apósitos, hasta los puntos de sutura.

Aunque tenía fecha de parto para el 7 de mayo de 2023, la ingresaron el 4. No tenía líquido amniótico. Le indujeron el parto el día 10 a las ocho de la mañana, y a las once de la noche todavía no había dilatado. «Eso tiene un protocolo, o sea, tú tienes que tener tantas horas de trabajo de parto, y entonces, si no pares en ese tiempo, es que te programan la cesárea y te la hacen», explica. «Son como 36 horas y yo no llevaba ni 24, pero ya no aguantaba los dolores y las contracciones».

Como había pagado por todo lo relacionado con el parto, y eso incluía una eventual cesárea, se la programaron para las once de la mañana del día siguiente. «El pagar a veces te da la cobertura de poder reclamar o decir: “mira a ver qué van a hacer, porque esto no es de gratis”», afirma. «Y ya ves que cuando hay dinero de por medio se pasan el protocolo por las narices».

Cuando fue a dar a luz a su segunda hija, en diciembre de 2024, acudió a la misma enfermera del González Coro, pero el precio había aumentado. No había suficientes camas. De hecho, cuenta Arysa, a las embarazadas que llegaban las enviaban a otros hospitales. No fue su caso. Por este segundo ingreso y la cesárea pagó 15.000 pesos, nuevamente con «todo» incluido.