Cuando el embargo se convierte en excusa
La crisis sanitaria en Cuba no se explica solo por el embargo de EE. UU., aunque éste impone barreras reales al acceso de medicamentos y equipos médicos. Sin embargo, la mala gestión interna, la baja ejecución del presupuesto destinado a salud y la falta de transparencia agravan profundamente la situación. Culpar únicamente al “bloqueo” oculta problemas estructurales que requieren soluciones propias y urgentes.
Durante décadas, el discurso oficial del Estado cubano ha atribuido la crisis del país a las políticas de embargo de Estados Unidos. Aunque estas sanciones, respaldadas por múltiples leyes y regulaciones, afectan la economía cubana, también se han utilizado como una «cortina de humo» para ocultar fallas estructurales del propio modelo económico, negligencias administrativas y prioridades presupuestarias que responden a intereses internos, no exclusivamente a factores externos.
El economista cubano Miguel Alejandro Hayes sostiene que es imposible determinar con precisión el impacto real de las sanciones económicas estadounidenses. Según él, los modelos de medición actualmente existentes parten del supuesto de que la economía cubana es eficiente, lo cual considera un error grave. Aunque reconoce que las sanciones existen y tienen un impacto, Hayes afirma que «el cuánto impacta es lo suficiente para que no sea determinante».
Por su parte, el informe de Cuba presentado en virtud de la resolución 78/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba»», publicado el 11 de septiembre de 2024, señala que estas restricciones han limitado severamente la adquisición de medicamentos, equipos médicos y tecnologías con componentes estadounidenses, incrementando los costos y dificultando las importaciones desde mercados alternativos.
Asimismo, afirma que la cancelación de contratos, la negativa de navieras a transportar insumos y las restricciones financieras han reducido la capacidad del país para sostener su sistema de salud, afectando tanto la atención primaria como los tratamientos especializados. Además, varias empresas latinoamericanas habrían sido presionadas para no hacer negocios con Cuba, afectando la adquisición de insumos y tecnología médica.
En 1994, Fidel Castro afirmaba: «El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni una aspirina para aliviar un dolor de cabeza, ni un anticancerígeno que pueda salvar una vida... Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba».
En fecha más reciente, el Dr. Dalsy Torres Ávila, director del Hospital Universitario «Calixto García», declaró que: «No es que Cuba no quiera comprar esos medicamentos, no es que de los escasos recursos que tenemos no se priorice la Salud Pública es que sencillamente no podemos adquirirlos».
Esta narrativa persiste, aunque los registros oficiales de comercio muestran una realidad muy diferente.
Un informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba indica que desde2003 hasta la fecha, Cuba ha importado más de 38 millones USD en insumos médicos desde Estados Unidos, incluidos medicamentos esenciales como penicilina e insulina, así como equipos quirúrgicos y de diagnóstico. Estas exportaciones se rigen por la Ley para la Democracia en Cuba (CDA, 1992), la cual exige la verificación del uso final, pero no impone el pago por adelantado. Además, reformas regulatorias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y de la Oficina de Industria y Seguridad han flexibilizado aún más la posibilidad de importar ciertos productos sanitarios sin acogerse a los términos de dicha ley. Solo en enero de 2025, las exportaciones estadounidenses de productos sanitarios a la Isla alcanzaron los 479.334 USD, mientras que las donaciones humanitarias sumaron más de 5.3 millones USD.
La narrativa oficial insiste en que la salud es una prioridad para el Gobierno. Sin embargo, los datos revelan una contradicción: en 2023, solo 1.8% del presupuesto se dedicó a salud y asistencia social. En 2024, aunque estaba planificado destinar el 26%, solo se ejecutó un 2.1%. En contraste, sectores como inmobiliario, servicios empresariales y turismo absorbieron casi el 40% de los recursos en ese mismo año.
Para 2025, el Gobierno prevé destinar el 24% de su presupuesto, pero como muestra el historial, estas previsiones no llegan a ejecutarse en su totalidad.
Lo antes expuesto sugiere que, incluso sin el embargo, muchos de los problemas estructurales del SNS cubano se mantendrían, debido a decisiones internas que han limitado la inversión y priorización del sector. Como señala Hayes, el sistema padece de «un modelo incapaz de generar los recursos necesarios para producir y, al mismo tiempo, incapaz de generar los modos en que esos recursos puedan producir la riqueza suficiente».
En resumidas cuentas, la privatización informal de la salud pública en Cuba, contraria a la Constitución, y la insuficiente inversión en el sector, no puede justificarse únicamente por un factor externo. Eso es solo una excusa más.
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CRÉDITOS
«La privatización silenciosa: Prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud cubano» es una investigación realizada por el equipo de Casa Palanca con aporte de datos de Cubadata.
