
¿Es el embargo el único culpable de la crisis sanitaria en Cuba?
La crisis sanitaria en Cuba no se explica solo por el embargo de EE. UU., aunque éste impone barreras reales al acceso de medicamentos y equipos médicos. Sin embargo, la mala gestión interna, la baja ejecución del presupuesto destinado a salud y la falta de transparencia agravan profundamente la situación. Culpar únicamente al “bloqueo” oculta problemas estructurales que requieren soluciones propias y urgentes.
Resulta difícil, a estas alturas, señalar al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos desde 1960 como la causa principal de la crisis sistémica que atraviesa Cuba sin que ello genere cierta incomodidad. Persistir en utilizar esta política como excusa para justificar los problemas estructurales del país es un argumento que pierde fuerza frente a la complejidad de la situación.
Por décadas, el discurso oficial del Estado cubano ha sostenido que la causa principal de la crisis de su sistema de salud es el embargo. Esta narrativa, aunque respaldada por evidencia real sobre las restricciones impuestas por el entramado jurídico estadounidense, ha sido empleada también como cortina de humo para ocultar fallas estructurales, negligencias administrativas y prioridades presupuestarias que responden a otros intereses ajenos a los derechos sociales de la población cubana.
El embargo, se sustenta en un entramado legal desarrollado durante décadas, y sus efectos negativos son innegables. Negarlos sería absurdo. Para comprender la magnitud del embargo reconocido como el más prolongado de la historia, es fundamental entender que no se basa en una única norma, sino en un complejo marco legal integrado por seis disposiciones:
Este conjunto de sanciones está compuesto por seis regulaciones clave:
El marco legal del embargo de Estados Unidos contra Cuba, construido a lo largo de décadas, revela una compleja red de restricciones económicas, comerciales y financieras que afecta profundamente el acceso a la atención médica en la isla. Según el Informe de Cuba en virtud de la resolución 78/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” publicado el 11 de septiembre de 2024, las restricciones impuestas por leyes como la Ley de Comercio con el Enemigo, la Ley de Democracia Cubana y la Ley Helms-Burton han limitado severamente la adquisición de medicamentos, equipos médicos y tecnologías con componentes estadounidenses, incrementando los costos y dificultando las importaciones desde mercados alternativos. La cancelación de contratos, la negativa de navieras a transportar insumos y las restricciones financieras han reducido la capacidad de Cuba para sostener su sistema de salud, afectando tanto la atención primaria como los tratamientos especializados. A continuación, algunos datos que expresa dicho informe:
El relato institucional cubano sostiene que cualquier examen serio sobre la situación del país debe necesariamente incluir el impacto del embargo estadounidense; de no hacerlo, se considera parcial e incompleto. En otras palabras, la omisión de este factor político es percibida como una falta tan grave que deslegitima cualquier razonamiento, incluso si se presentan datos empíricos de mayor peso.
Fidel Castro el 25 de noviembre de 1994 expresaba: “El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni una aspirina para aliviar un dolor de cabeza, o un anticancerígeno que pueda salvar una vida... Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba”. Esta narrativa persiste hasta hoy, aunque los registros oficiales de comercio muestran otra realidad.
Un informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba indica que solo en enero de 2025, las exportaciones estadounidenses a Cuba de productos sanitarios alcanzaron los 479,334 dólares, mientras que las donaciones humanitarias sumaron 5,394,610 dólares. Desde 2003 hasta la fecha, Cuba ha importado más de 38 millones de dólares en insumos médicos desde Estados Unidos, incluidos medicamentos esenciales como penicilina e insulina, así como equipos quirúrgicos y de diagnóstico. Estas exportaciones se rigen por la Ley para la Democracia en Cuba (CDA, 1992), la cual exige la verificación del uso final, pero no impone el pago por adelantado. Además, reformas regulatorias de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y del BIS (Oficina de Industria y Seguridad) han flexibilizado aún más la posibilidad de importar ciertos productos sanitarios sin acogerse a los términos de dicha ley.
Pese a ello, desde Cuba se continúa afirmando que la imposibilidad de acceder a estos recursos responde no a decisiones internas sino a la imposición externa. El Dr. Dalsy Torres Ávila, director del Hospital Calixto García, sostiene que: “No es que Cuba no quiera comprar esos medicamentos, no es que de los escasos recursos que tenemos no se priorice la Salud Pública es que sencillamente no podemos adquirirlos”, mientras que las autoridades estadounidenses afirman que Cuba sí puede comprar insumos médicos si se respetan las normativas establecidas. El gobierno cubano alega, por su parte, que existen presiones externas a empresas proveedoras, cancelaciones de contratos y restricciones bancarias que dificultan las transacciones.
El presidente Miguel Díaz-Canel sostiene que la salud pública constituye uno de los grandes logros de la Revolución, y el mismo Dr. Torres reafirma que el país prioriza ese sector. Pero, ¿hasta qué punto esta afirmación es coherente con la realidad presupuestaria y con los resultados observables en el sistema de salud?
El Presupuesto del Estado aprobado en 2025, asigna un 24% de los recursos a la salud. El gobierno insiste en que se trata de un presupuesto “de carácter social”, ya que el 71% se destina a servicios como salud, educación, asistencia social, cultura y deporte. No obstante, al revisar la ejecución presupuestaria de años anteriores, surgen contradicciones significativas: en 2023, sólo el 1.8% del presupuesto se dedicó a salud y asistencia social; en 2024, aunque se había planificado un 26%, según el informe de inversiones más reciente de la ONEI que va desde enero a septiembre de 2024, apenas se ejecutó un 1.9%. En contraste, sectores como los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, así como hoteles y restaurantes, absorbieron un 37% de la inversión total. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un gasto público por encima del 6 % del PIB como condición necesaria para reducir las inequidades en la cobertura sanitaria.
Estos datos sugieren que, si mañana desapareciera el embargo, muchos de los problemas estructurales de la salud pública en Cuba persistirían. Utilizar el argumento del sesgo para descalificar cualquier crítica constituye una estrategia que evita el debate directo y desacredita a quien plantea objeciones, sin abordar de fondo los asuntos que denuncia.
En definitiva, sostener un sistema de salud funcional no depende de consignas ni de la retórica política, sino de una gestión pública eficaz, transparente y capaz de generar resultados. Entonces, cabe preguntarse con honestidad crítica: ¿es el embargo el único culpable de la crisis sanitaria en Cuba?
También te puede interesar

CRÉDITOS
La privatización silenciosa: Prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud cubano» es una investigación realizada por el equipo de Casa Palanca con el apoyo de Cubadata.