El Código Penal cubano, en su artículo 194, establece el delito de cohecho, en el que incurre cualquier funcionario público que recibe un beneficio o dádiva a cambio de realizar, o incluso abstenerse de realizar, un trabajo propio de sus funciones. Las sanciones de prisión oscilan entre dos y cinco años para quienes aceptan la dádiva, y de tres a ocho años para quienes la ofrecen. La gravedad del delito puede aumentar si el profesional además exige dicho pago, en cuyo caso la pena podría llegar de ocho a veinte años de privación de libertad.

Los intermediarios no están exentos y enfrentan penas iguales a las de los autores directos. Sin embargo, en todos los casos, el tribunal tiene la facultad de reducir las penas hasta la mitad de sus límites mínimos si las circunstancias del hecho o las características personales del condenado lo justifican.

Cuando Domínguez tuvo reunidos los 150 USD, se enteró de que el funcionario que los solicitó había «explotado». Es decir, había sido descubierto en algún caso de corrupción y podría haber estado cumpliendo o estar a punto de cumplir cualquiera de las sanciones anteriores.

No fue hasta finales de febrero de 2025, tres meses después de su diagnóstico, que este empleado del sector privado, logró obtener un turno con la cirujana por la vía oficial. Sin embargo, pasó a una lista de espera que lo desalentó. Había personas en cola para la cirugía desde hacía más de un año. «A mí me dieron un plazo de siete meses para operarme porque corro el riesgo de perder el riñón. Yo no puedo esperar tanto», explica el hombre. Hasta la publicación de este trabajo, aún no ha entrado al quirófano.

El cálculo más pequeño lo expulsó, pero «el otro sigue ahí, y es el que me preocupa», dice Domínguez. «Temo que mi salud empeore y la operación no llegue a tiempo».

Castellanos, por su parte, quiso denunciar el incidente con el ambulancista, pero su padre le pidió que no lo hiciera, por su abuela, la hermana del tío abuelo difunto, a quien ni siquiera le contaron los hechos como ocurrieron. Ambos hermanos habían sido combatientes en la Sierra Maestra; contarle sería empeorar su sufrimiento y causarle indignación, pues «fueron gente que luchó por este país», explica este joven.

La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 72, establece que la salud pública es un derecho fundamental de todas las personas. Además, asigna al Estado la responsabilidad de asegurar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios destinados a la atención, protección y recuperación de la salud, lo cual se refuerza a través de la nueva Ley de Salud Pública.

Sin embargo, la realidad no acompaña este discurso.